La participación ciudadana debe poner a la disposición de los demás ciudadanos la mayor información gubernamental para someter así la gestión pública a la luz de la vigilancia social y reducir las posibilidades de cometer irregularidades por actos de corrupción. Asimismo, las buenas prácticas de esta importante colaboración, transparentando toda actuación, registro de resultados, informes, recomendaciones, políticas y todo lo generado en el orden público.